Argentina: ¿Estado homofóbico?

No fue hasta el 17 de mayo 1990 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió eliminar de sus listas de enfermedades la homosexualidad. Esto supuso un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de la comunidad gay. Mientras se pide internacionalmente que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU convierta este día en efeméride internacional, en Argentina la homofobia aún persiste y los hechos demuestran que pese a algunos pequeños avances, el propio Estado incurre en una homofobia por omisión o acción,

“La primera gran falta que se puede ver es la falta de voluntad política para la reforma de la Ley Antidiscriminatoria (Nº 23592) en la que no se contempla la orientación sexual e identidad de genero como causa de discriminación”, dice Pedro Paradiso, representante del Área Legal de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). “Es una falta grave ya que cualquier ciudadano LGTB se encuentra desprotegido ante cualquier ataque intimidatorio por su sexualidad”.

Para conmemorar la fecha, la Organización presento en la Cámara de Diputados un Proyecto de Reforma de la ley, ya que considera que es una modificación urgente y prioritaria. “El Estado no solo desprotege a sus ciudadanos gays, lesbianas y trans, sino que además omite cumplir con las obligaciones firmadas en acuerdos internacionales.”, sostiene el abogado.

En el ámbito porteño, y pese a existir una Ley de Unión Civil que contempla la uniones de parejas del mismo sexo, los abogados de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas y Trans (FALGTB) han presentado tres recursos de amparo pidiendo la modificación de dos artículos del Código Civil que habiliten a los homosexuales a contraer matrimonio. El primero de este tipo de amparos fue el interpuesto por Maria Rachid y Claudia Castro en 2007, y que se encuentra en la Corte Suprema a la espera del procurador para que luego los ministros se expidan al respecto. “La Cámara habilitó que la causa llegue a la Corte, tras haber presentado un recurso de queja, ya que el fallo que había denegado la solicitud de matrimonio contenía argumentos homofobicos tales como que el fin del matrimonio es la procreación, no teniendo en cuenta aquellas parejas heterosexuales que por diversas causas no pueden procrear”, cuenta Gustavo López, letrado de la FALGTB. “Reconocemos la existencia de la Unión Civil, sin embargo, consideramos que es una ley solo reconocida en el ámbito publico como los hospitales, empleados porteños, las penitenciarias, y los créditos que otorga la Ciudad de Buenos Aires, y nuestro reclamo es para que se reconozcan todos nuestros derechos como lo hacen con las parejas heterosexuales”.

Otros recursos fueron presentados posteriormente en la Capital Federal y uno en Rosario, donde también fueron denegados por la Justicia y apelados para llegar así a la Corte Suprema que deberá expedirse sobre ellos. “En uno de los casos, el juez indicó que el amparo no era la forma de reclamo. No cuestionó el pedido sino la forma. La justicia argentina prevé este tipo de amparos, y no estamos inventando nada”, aclara Analia Mas, abogada de la FALGTB y asesora legal del INADI.

En el caso de un fallo positivo a los recursos de amparo, solo autorizaría a los demandantes a gozar del beneficio. “Sin embargo sienta precedente en la vía judicial, que a pesar de no existir la modificación de la ley, y tomando el fallo como antecedente no debería ser rechazado un nuevo pedido. De todas formas, siempre hay que litigar, no habiendo una ley que lo permita automáticamente, que es lo que se pretende.”, dice Mas. “Por la vía legislativa la Federación ha presentado varios proyectos en el Congreso, que están a la espera de ser tratados, por eso recurrimos a la vía judicial para demostrar la inconstitucionalidad de las leyes, y así lograr su tratamiento y modificación”, agrega.

“En la cuestión civil creemos que la sociedad esta en desigualdad de derechos, que los hay para unos y para otros no. En ese caso, pretendemos a través del derecho demostrar que el principio constitucional de igualdad esta vulnerado”, la avala su colega Julián Díaz Bardelli.

Considerada la meca de turismo gay de Latinoamérica, la Ciudad de Buenos Aires dista mucho de ser una urbe tolerante legislativamente con la diversidad. Tras haberse aprobado en abril de 2008, la ley que instauraba a la fecha de lucha contra la homofobia como parte del calendario escolar, aún espera para su reglamentación. “Es preciso educar a los niños y jóvenes sobre el respeto a la Diversidad Sexual, pero si una ley no se reglamenta, y se hace cumplir, entonces poco podemos hacer. Son nuestros gobernantes los que deben abogar por nuestros derechos. También somos nosotros los que debemos exigirle a nuestros políticos que promuevan la igualdad de derechos, porque somos nosotros quienes los pusimos en sus funciones a través del voto”, dice Paradiso.

En el ámbito de salud, aún rige la prohibición a personas homosexuales de donar sangre. Esta prohibición, surgida de una resolución paralela a la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990, que es avalada por la Sociedad Argentina de Hemoterapia que aún sigue considerando a los gays como “grupos de riesgo”, establece que el donante, además de cumplir con requisitos de edad, deberá someterse obligatoriamente a un examen interrogatorio (anamnesis) “con denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente” y a una “verificación del estado de salud normal mediante el examen clínico-biológico que permita descartar la existencia de algunas de las patologías del listado establecido por la vía reglamentaria, determinantes de su exclusión como tal”. Esta exclusión, claramente discriminatoria, puede ser derogada en un paso administrativo por las autoridades del Ministerio de Salud. La cartera dirigida actualmente por Graciela Ocaña, no ha acusado recibo del dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y a los amparos realizados por la CHA ante la Justicia, pidiendo la derogación de esta prohibición.

El amparo presentado por la Organización en 2006, aún se encuentra tramitándose en el Juzgado Federal N0 9 en lo contencioso administrativo, a cargo de Cecilia de Negre.

Por su parte, diputados del Partido Socialista porteño presentaron en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley para la modificación del artículo 45 de la Ley Nacional de Sangre para terminar con este procedimiento.

Como dato, cabe mencionar que en odontología existe un protocolo que indica que indica los pacientes con VIH deben ser atendidos en el primero o en el ultimo turno, para proteger las medidas de higiene, cuando en realidad, cada paciente debe ser atendido con las mismas normas de seguridad.

En el interior del país, existen los Códigos de Faltas en las provincias que “están tachados de inconstitucionales en la mayoría de los casos, y hay que derogarlos o modificarlos. Los códigos de faltas son usados muchas veces como medio de hostigamiento hacia la gente transexual. Solo rigen en algunas provincias, y cada legislación provincial debe tratarlos particularmente en su ámbito, sin embargo, cada sociedad provincial tiene una diferente cultura pro la que no se llega a tratarlo”, comenta López.

Argentina ha suscripto a tratados internacionales, por ejemplo los Principios de Yoghiakarta, que fueron incluidos con jerarquía constitucional, eso los coloca por sobre las leyes provinciales y el mismo código civil, por lo que el no cumplimiento de estos tratados hace que el estado incurra en la discriminación al colectivo LGTB.

La OEA, de la cual nuestro país es miembro, aprobó por unanimidad una resolución sobre el respeto a la orientación sexual e identidad de género, donde se compromete a aplicar políticas públicas para que ello ocurra. En diciembre de 2008, Naciones Unidas emitió una declaración con 13 puntos claves al respecto, donde toca los temas de discriminación, crímenes de odio, violencia, y falta de estas políticas públicas mencionadas anteriormente. Argentina no solo firmó esa resolución, sino que fue quien la presentó en forma regional.

Tal como manifiesta Paradiso, también representante de la Organización Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) para el Cono Sur, “es importante que el movimiento gay tenga estrategias de reclamo, porque muchas veces, el Estado no puede cumplir con todos los reclamos. Creemos que, por ejemplo, la Ley de Unión Civil Nacional que presentaremos que este año, estará aprobada en poco tiempo, porque ya hay antecedentes provinciales que avalan un consenso sobre este tema. Ninguna ley que beneficie a gays, lesbianas y trans, no han sido conseguidas sin nuestra participación activa. Si vamos a esperar que alguien lo haga por nosotros, no va a ocurrir”.

Entre los avances, se pueden contar el aval de la Presidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, en la firma de la ley de pensiones. Recientemente la localidad cordobesa de Río Cuarto se sumó a las ciudades de Buenos Aires, Carlos Paz y Río Negro en aprobar las uniones civiles. Y Rosario cuenta con un Área de Diversidad Sexual dependiente de la Municipalidad.

En el orden latinoamericano se esta conformando una agenda en común, que será presentada en la próxima reunión de la ILGALAC en Curitiba, donde además se presentará el primer informe LGTB de la región. El ámbito internacional tiene el desafio de marcar un trabajo estratégico posible a cumplir que tiene que ser determinado y concreto. El segundo paso va a ser una campaña a nivel regional sobre los puntos que todos y todas acordemos en la Conferencia regional en la que nuestro país jugará un papel importante.