Las ONG´s Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) exigieron a las autoridades de diez provincias, incluida La Rioja, datos sobre la aplicación de normativas que penalizan la homosexualidad. Las entidades calificaron a los códigos contravencionales que penalizan a las minorías sexuales como discriminatorias y anacrónicas. Sostienen que sólo sirven para que las fuerzas de seguridad y justicia los utilicen como herramientas de represión, escarmiento, terror.
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) denunciaron conjuntamente la criminalización de travestis, transexuales, gays y lesbianas en el interior del país.
Las entidades calificaron a los códigos contravencionales que penalizan a las minorías sexuales como discriminatorias y anacrónicas. Sostienen que sólo sirven para que las fuerzas de seguridad y justicia los utilicen como herramientas de represión, escarmiento, terror.
En este sentido, ambas entidades exigieron a las legislaturas y ministerios de Justicia de Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero que brinden datos sobre la vigencia y aplicación de normativas que penalizan a las minorías sexuales. Puntualmente, las ONG quieren saber la cantidad exacta de detenciones y procesos iniciados en la Justicia provincial basados en artículos de esa índole.
César Cigliutti, presidente de CHA explicó que en su asociación el mayor caudal de denuncias de persecución policial contra minorías sexuales provienen de Mendoza y Salta.
“El caso de Mendoza es terrible. Se derogó uno de los artículos que penan la homosexualidad pero aún sigue vigente uno que establece que a cualquier persona detenida por ser trabajadora sexual se le puede realizar un análisis para detectar si tiene enfermedades venéreas y, por ejemplo, en caso de que la persona haya tenido sífilis pueden dejarlo detenido durante 15 días para aplicarle penicilina. Así de violento y persecutorio es el sistema”, afirmó Cigliutti.
Por su parte, Alejandra Victoria Portatadino , observadora de Derechos Humanos y asesora jurídica del CHA, informó a Críticadigital que “en este momento las travestis y las personas que viven con HIV están sufriendo muchísimo". “Yo viajo constantemente y, según me cuentan, son muy acosadas por la policía gracias a los Códigos Contravencionales. Las fuerzas de seguridad se apoyan en esas normas para pedirles sobornos o servicios sexuales”, aseguró.
“Es terrible, veo algunas cosas que me hacen llorar por la impotencia. Son personas y deberían estar protegidos por los derechos fundamentales que les otorga nuestra Constitución, pero sin embargo, hay un abuso terrible. Viven en una situación de desamparo legal lamentable”, se quejó Portatadino.
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) denunciaron conjuntamente la criminalización de travestis, transexuales, gays y lesbianas en el interior del país.
Las entidades calificaron a los códigos contravencionales que penalizan a las minorías sexuales como discriminatorias y anacrónicas. Sostienen que sólo sirven para que las fuerzas de seguridad y justicia los utilicen como herramientas de represión, escarmiento, terror.
En este sentido, ambas entidades exigieron a las legislaturas y ministerios de Justicia de Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero que brinden datos sobre la vigencia y aplicación de normativas que penalizan a las minorías sexuales. Puntualmente, las ONG quieren saber la cantidad exacta de detenciones y procesos iniciados en la Justicia provincial basados en artículos de esa índole.
César Cigliutti, presidente de CHA explicó que en su asociación el mayor caudal de denuncias de persecución policial contra minorías sexuales provienen de Mendoza y Salta.
“El caso de Mendoza es terrible. Se derogó uno de los artículos que penan la homosexualidad pero aún sigue vigente uno que establece que a cualquier persona detenida por ser trabajadora sexual se le puede realizar un análisis para detectar si tiene enfermedades venéreas y, por ejemplo, en caso de que la persona haya tenido sífilis pueden dejarlo detenido durante 15 días para aplicarle penicilina. Así de violento y persecutorio es el sistema”, afirmó Cigliutti.
Por su parte, Alejandra Victoria Portatadino , observadora de Derechos Humanos y asesora jurídica del CHA, informó a Críticadigital que “en este momento las travestis y las personas que viven con HIV están sufriendo muchísimo". “Yo viajo constantemente y, según me cuentan, son muy acosadas por la policía gracias a los Códigos Contravencionales. Las fuerzas de seguridad se apoyan en esas normas para pedirles sobornos o servicios sexuales”, aseguró.
“Es terrible, veo algunas cosas que me hacen llorar por la impotencia. Son personas y deberían estar protegidos por los derechos fundamentales que les otorga nuestra Constitución, pero sin embargo, hay un abuso terrible. Viven en una situación de desamparo legal lamentable”, se quejó Portatadino.
.png "English"){kind=small}
