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14 de septiembre de 2010

Juez de EEUU declara inconstitucional política militar hacia gays

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Una juez federal dijo que emitirá una orden para detener una política de las fuerzas armadas de Estados Unidos que requiere que aquellos militares que sean gays no revelen su orientación sexual, declarando la medida inconstitucional porque viola las garantías de libertad de expresión y otros derechos.

La juez federal de distrito Virginia Phillips falló el jueves que la prohibición, conocida como “Don’t Ask, Don’t Tell” (No preguntes, no digas) viola los derechos de los gays y lesbianas pese a que están garantizados por la Primera Enmienda constitucional.

El Departamento de Justicia no ha revelado qué pretende hacer. El Pentágono se abstuvo el viernes de responder preguntas sobre el fallo y las refirió al Departamento de Justicia, donde el portavoz, Charles Miller, dijo que la decisión era revisada por abogados.

En el fallo del jueves, Phillips dijo que la política no favorece la preparación del instituto armado y en cambio tiene un “efecto directo y perjudicial” sobre las fuerzas armadas, tanto en sus esfuerzos de reclutamiento en tiempos de guerra como al exigir el despido de miembros homosexuales sin importar su capacidad y formación.

La política, que data de 1993, permite que los hombres y mujeres homosexuales y bisexuales permanezcan en las fuerzas armadas mientras oculten su orientación sexual.

La directriz de “No preguntes, no digas” le prohibe a las fuerzas armadas preguntarle a sus miembros cuál es su orientación sexual, pero les permite sacar de sus filas a quienes reconozcan abiertamente ser gays o que sean descubiertos en actos homosexuales, incluso en la privacidad de sus propios hogares fuera de las bases.

Esa política ha sido considerada como injusta por activistas de los derechos de los homosexuales y algunas universidades han buscado evitar el ingreso de reclutadores militares a sus instalaciones como represalia.

El secretario de Defensa Robert Gates y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen —quienes han expresado que apoyan la derogación del “No preguntes, no digas”_, han dicho que prefieren esperar a que los militares completen el análisis de la cuestión. Ese estudio, previsto para diciembre, incluye encuestas entre la tropa y sus familias para conocer sus opiniones y ayudar a definir cómo se realizaría un cambio.

El grupo Log Cabin Republicans (Republicanos de la Cabaña, de activistas homosexuales conservadores), con unos 19.000 miembros que son militares en retiro y activo, presentó en 2004 una demanda en busca de un mandato judicial para suspender esa política.

Phillips anunció que elaborará un requerimiento judicial con apoyo del grupo dentro de una semana, y el gobierno federal tendrá una semana para responder.

El caso constituye el mayor desafío legal contra la política en los últimos años y apareció entre las promesas hechas por el presidente Barack Obama para revocarla.

“Esta decisión cambiará las vidas de muchas personas que sólo querían servir al país con valor”, expresó Dan Woods, abogado de Log Cabin Republicans.

El grupo sostiene que más de 13.500 miembros de las fuerzas castrenses han sido cesados desde 1994.

Woods argumentó durante el juicio, sin jurado, que la política viola los derechos constitucionales de los militares gays a la libre expresión, a la asociación pública y al proceso debido.

La Cámara de Representantes federal votó en mayo por revocar la política y el Senado prevé tratar el caso este año.







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