La Casa Blanca dejó de defender y considerar válida una ley de 1996 que considera que en Estados Unidos, a nivel federal, no son válidas ni reconocibles las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Esa norma, aprobada por el Congreso y ratificada por el entonces presidente Bill Clinton, hace que los matrimonios gays que son válidos en ocho Estados -Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Maryland y Nueva York- y la capital federal no tengan validez alguna a nivel federal, siendo nulos para la tramitación de asuntos como visados de reunificación familiar o derechos a visita médica o sucesión.
El presidente Obama, que tradicionalmente se ha opuesto al matrimonio gay, admitió en una conferencia de prensa en diciembre que su opinión al respecto ha cambiado en los últimos meses. Su portavoz, Jay Garner, dijo este miércoles, sin embargo, que sus opiniones personales no influyeron en esta decisión. Esta semana, en reunión con el fiscal general (ministro de Justicia) Eric Holder, Obama decidió que la norma federal contra las uniones gays, conocida como Ley de Defensa del Matrimonio, es inconstitucional. Por eso, a partir de ahora, el Gobierno nacional dejará de defenderla en los tribunales.
“El presidente concluyó que hay un número de factores, incluida toda una historia documentada de casos de discriminación y distinciones basadas en la orientación sexual, que deberían someterse a un mayor grado de nivel de escrutinio”, dijo este martes el fiscal general Holder en un comunicado oficial. “El presidente también concluyó que la Sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio, aplicada por la vía legal a las parejas del mismo sexo, no cumple esos niveles y que es, por lo tanto, inconstitucional”.
Se trata de una decisión de crucial importancia, dado que es la primera vez en que el gobierno federal de EE.UU. avala la validez a nivel federal de los matrimonios homosexuales, en contra de una ley aprobada por el Congreso. Ahora, el Departamento de Justicia puede o bien tratar de obtener una revocación de la norma en el Congreso o bien llevarla a los tribunales para que éstos decidan sobre su constitucionalidad y abrir el camino para su derogación por la vía judicial.
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