Los homosexuales podrán unirse civilmente en La Pampa. Eso sucederá si el proyecto de ley impulsado por la diputada Silvia Petitti, del bloque Radical Independiente, es aprobado en la legislatura provincial."La presente iniciativa apunta a garantizar iguales derechos y oportunidades para todas las personas, sin reparar en el grupo familiar del que formen parte, tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos personas, con independencia de su sexo u orientación sexual, y que convivan en análoga relación de afectividad de carácter exclusiva, singular y pública", fundamentó la diputada.
"Una unión civil –explicó Petitti- es uno de los variados términos usados para un estado civil similar al matrimonio, creado entre otras cosas para permitir el acceso de cualquier pareja a las ventajas gozadas generalmente por personas heterosexuales casadas.
Considerándose entonces que las uniones civiles están también disponibles para los heterosexuales que no desean formalizar su relación en un matrimonio".
Dentro de los requisitos que se deberán cumplimentar se detallan la presentación de domicilio legal en La Pampa, inscripto por lo menos con dos años de anterioridad a la fecha en la que solicita la inscripción al Registro Público de Uniones Civiles.
El Registro tendrá como funciones la inscripción aludida y también la que corresponda en caso de disolución de la unión civil.
De la misma manera, se especificó que “no pueden constituir una unión civil los menores de edad, parientes por consanguinidad y descendientes sin limitación y los hermanos o medio hermanos; los parientes por adopción plena y parientes por adopción simple, los parientes por afinidad en línea recta en todos los grados, los que se encuentren unidos en matrimonio, mientras subsista; los que constituyeron una unión civil anterior y los declarados incapaces”.
"Para construir una democracia –se explicó- es imprescindible que exista una auténtica igualdad de oportunidades, sustentada en el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos y civiles de todas y todos los habitantes".
La base jurídica del proyecto –según publicó La Arena- radica en la jerarquía constitucional otorgada a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esas normas garantizan "el derecho de las personas a unirse civilmente y el derecho a no sufrir discriminación de ninguna índole en razón de la religión, raza, color y sexo".
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